La sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acogido esta mañana el encuentro del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, con el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, miembros de la Junta Directiva de CEA y representantes de empresas y asociaciones sectoriales de nuestra Comunidad. Una cita al objeto de analizar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2022.

González de Lara ha subrayado la estabilidad como elemento esencial para apuntalar la recuperación tras la crisis Covid y la modernización de Andalucía. De ahí el llamamiento del presidente de los empresarios andaluces a los cinco grupos parlamentarios “para que la confrontación política no altere la posibilidad de aprobación de las cuentas andaluzas para 2022, que son el mejor instrumento jurídico y económico para favorecer la remontada de las empresas y los intereses de la sociedad en general”.

CEA señala dos factores de naturaleza política como condicionantes de los presupuestos regionales: de un lado, la esperada reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde 2014 y que lastra las oportunidades de Andalucía. De otro lado, la falta de diálogo del Estado con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones empresariales que son conocedoras de las demandas de las empresas pueden poner en riesgo la ejecución de los cerca de 140.000 millones de euros en ayudas y créditos de la Unión Europea, claves para afianzar la recuperación y modernizar el tejido productivo haciéndolo más resiliente ante posibles futuras crisis.

Generación de certidumbre y seguridad
Las asociaciones empresariales y empresas que han participado en el encuentro han trasladado Bravo sus principales preocupaciones en relación a los presupuestos, que han de contribuir a la generación de un entorno de certidumbre, con un clima de seguridad y confianza que favorezca las inversiones, y que deben incorporar medidas concretas para, entre otras cuestiones, modernizar nuestro capital productivo; favorecer la formación del capital humano; aumentar nuestra competitividad en el mercado global, y mejorar la red de infraestructuras de la región. Todo ello, avanzando en la armonización fiscal de Andalucía con otros territorios.

CEA subraya la voluntad del tejido empresarial andaluz de colaborar con la Administración pública para impulsar nuestra economía. Aún con una tasa de paro del 25%, recuperar los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia debe ser la prioridad que rija la colaboración público-privada en Andalucía. Una alianza que debiera igualmente ayudar a mitigar el actual nivel de deuda pública, que ronda el 23% del PIB regional.